Cipog-EZ denuncia criminalización de la lucha social tras detención de Plácido Galindo

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunciaron este lunes la detención de su vocero, Plácido Galindo, señalando que el acto responde a una estrategia de criminalización contra la lucha social en la entidad. El arresto del líder comunitario, ocurrido en días recientes, ha generado una serie de movilizaciones y pronunciamientos por parte de organizaciones civiles que exigen su inmediata liberación y el cese del hostigamiento a los defensores de derechos humanos en la región de la Montaña.

De acuerdo con la organización, la labor de Galindo se ha centrado en la exigencia de seguridad y justicia para las comunidades que han enfrentado diversas problemáticas de inseguridad en los últimos años. El Cipog-EZ sostuvo que la voz de su representante es el reflejo de los pueblos que buscan construir la democracia desde la base, argumentando que las autoridades estatales y federales han optado por la vía judicial para acallar las demandas legítimas sobre el territorio y la autonomía indígena.

Voceros del movimiento social señalaron que este hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en la entidad, donde diversas agrupaciones han manifestado su preocupación por la seguridad de sus integrantes. Los representantes del Cipog-EZ solicitaron la intervención de organismos nacionales de derechos humanos para garantizar el debido proceso y la integridad física del detenido, subrayando que su lucha no contraviene la ley, sino que busca la defensa de los derechos colectivos.

Por su parte, las autoridades correspondientes no han emitido una postura detallada sobre los cargos específicos que se imputan al dirigente, aunque se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial ante los tribunales locales. Mientras tanto, integrantes de diversas colectividades han anunciado que mantendrán sus acciones de protesta y mesas de diálogo con el objetivo de visibilizar lo que consideran una persecución sistemática contra quienes ejercen el derecho a la libre manifestación.

La organización enfatizó que continuará exigiendo la liberación de Galindo a través de vías pacíficas y legales, reiterando que la criminalización no es la solución a los conflictos sociales que persisten en la región. El caso permanece bajo observación de diversos observadores civiles que monitorean el respeto a las garantías individuales en Guerrero, esperando que la resolución del caso se apegue estrictamente a derecho y se evite cualquier tipo de represalia política.