Congreso mantiene rezago legislativo en materia de atención a desastres naturales

El Congreso de la Unión enfrenta un rezago significativo en materia de gestión de riesgos, con un acumulado cercano a las 200 iniciativas presentadas en las últimas legislaturas enfocadas en la atención a desastres naturales. A la fecha, la mayor parte de estas propuestas han sido desechadas por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, mientras que apenas medio centenar permanecen en calidad de pendientes o congeladas en el proceso legislativo.

La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas ha impedido que estas reformas avancen hacia el pleno, a pesar de la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos que afectan diversas entidades del país. Las propuestas presentadas incluyen desde la modificación en las reglas de operación para la asignación de recursos extraordinarios hasta el fortalecimiento de los protocolos de actuación que coordinan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Especialistas en política pública señalan que la parálisis legislativa en este rubro limita la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias climáticas. Según el análisis de las gacetas parlamentarias, muchas de las iniciativas que fueron desechadas buscaban establecer mecanismos financieros más ágiles, los cuales no lograron prosperar debido a diferencias sobre la estructura presupuestal que debe gestionar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, las cerca de 50 iniciativas que permanecen en la congeladora legislativa abarcan temas como la resiliencia de infraestructura crítica y la actualización de los atlas de riesgo municipales. Estos proyectos aguardan ser dictaminados por las comisiones de Protección Civil y de Presupuesto, sin que hasta el momento exista una ruta clara para su discusión en el corto plazo.

La ausencia de un marco legal actualizado obliga a las autoridades a operar bajo esquemas de emergencia que, en ocasiones, dependen de la coordinación interinstitucional improvisada ante cada contingencia. Mientras el rezago persiste, legisladores de diversos grupos parlamentarios han manifestado la necesidad de retomar el debate para armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de gestión de riesgos y desastres.