Defensa de Fernando Farías Laguna acusa intervención de EE. UU. en expulsión
El equipo legal de Fernando Farías Laguna sostiene que agencias estadounidenses presionaron para acelerar su salida de Argentina, omitiendo protocolos de extradición.

La defensa legal de Fernando Farías Laguna ha denunciado formalmente que el proceso de expulsión de su cliente desde Argentina hacia territorio mexicano fue resultado de una presunta intervención directa de autoridades estadounidenses. Según los abogados, esta acción se ejecutó con el objetivo de eludir los procedimientos judiciales formales de extradición que habrían permitido una defensa más amplia ante las cortes internacionales.
De acuerdo con la argumentación presentada por el equipo jurídico, la operatividad del traslado responde a una estrategia diseñada para acelerar la entrega de Farías Laguna ante las instancias correspondientes, bajo una coordinación que señalan como irregular. Los abogados han enfatizado que la omisión de los canales diplomáticos tradicionales y los tratados de extradición vigentes vulnera el debido proceso que cualquier ciudadano debe recibir frente a solicitudes de cooperación internacional.
Por su parte, las autoridades mexicanas han mantenido una postura de cautela, señalando que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará seguimiento al caso para asegurar que se respeten los derechos humanos y los tratados consulares. Aunque no se ha confirmado una comunicación oficial entre las dependencias mexicanas y sus homólogos en el extranjero respecto a este operativo, el tema ha generado un intenso debate sobre la soberanía y la colaboración entre agencias de inteligencia en la región.
Este suceso ocurre en un momento donde la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se encuentra bajo escrutinio público. Mientras tanto, el equipo legal de Farías Laguna ha solicitado ante las instancias pertinentes que se investigue la naturaleza de la participación extranjera, argumentando que la expulsión carece de la legitimidad necesaria para considerarse un acto administrativo apegado a derecho.
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