Exdirector de la DEA demanda acción judicial contra el gobernador Rocha Moya

Derek Maltz, quien ocupó cargos directivos en la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, señaló públicamente la necesidad de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso judicial en territorio estadounidense. La declaración, realizada en el contexto de las investigaciones sobre redes de narcotráfico transnacional, subraya la presión externa que enfrenta la administración estatal ante los señalamientos que vinculan a actores políticos con el crimen organizado.

El exhorto fue dirigido directamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a quien se le solicita considerar la entrega del mandatario sinaloense para que rinda cuentas ante la justicia extranjera. Esta postura refuerza las tensiones diplomáticas y de seguridad que han marcado la agenda entre México y Estados Unidos durante los últimos meses, especialmente en lo referente a la cooperación en materia de extradiciones y combate a organizaciones criminales.

Desde la perspectiva de los organismos de seguridad estadounidenses, la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel es un paso indispensable para desmantelar las estructuras operativas que facilitan el tráfico de sustancias ilícitas. Maltz enfatizó que la evidencia recopilada por agencias internacionales debe ser analizada rigurosamente por las autoridades mexicanas competentes, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse de estos señalamientos.

Por su parte, el gobierno federal mexicano ha mantenido una postura de cautela frente a las declaraciones emitidas por exfuncionarios de agencias extranjeras, priorizando los cauces institucionales establecidos en los tratados de cooperación bilateral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido una respuesta directa sobre este caso específico, manteniendo el enfoque en las estrategias de pacificación y seguridad pública que se implementan actualmente en las entidades federativas con mayores índices de violencia.

La situación jurídica del mandatario estatal continúa siendo un tema de debate en la opinión pública, mientras los sectores opositores exigen mayor transparencia y celeridad en las investigaciones que realiza la FGR. El desenlace de este caso dependerá de la capacidad de las instituciones mexicanas para procesar las solicitudes de información y colaboración internacional, garantizando en todo momento el respeto a la soberanía nacional y el debido proceso legal.