Edición Nº 8001
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Exigen al INVI desalojo de predio ocupado desde hace dos décadas

Propietarios demandan la restitución de un edificio en la Ciudad de México tras vencer el plazo de prórroga otorgado al instituto.

Redacción El Universal Digital
Foto: excelsior.com.mx

Un grupo de propietarios ha lanzado un ultimátum para recuperar un edificio ubicado en la Ciudad de México, el cual permanece ocupado de forma irregular desde hace 22 años. La exigencia se formalizó esta semana tras confirmarse que la última prórroga concedida al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para gestionar la entrega del predio concluyó sin una resolución definitiva.

Los afectados señalan que la situación de incertidumbre jurídica ha persistido por más de dos décadas, afectando el patrimonio de las familias involucradas. Según los representantes legales de los dueños, el plazo de quince días otorgado a las autoridades locales busca acelerar el proceso de desocupación y evitar que la problemática siga extendiéndose en el tiempo.

El inmueble, cuya situación administrativa ha sido objeto de diversos litigios, se encuentra bajo el escrutinio de los propietarios quienes solicitan la intervención directa de las dependencias correspondientes. La falta de cumplimiento en los compromisos previos del instituto es el eje central del reclamo que ahora escala a una exigencia de resolución inmediata.

Por su parte, los afectados han manifestado su disposición para establecer mesas de trabajo que permitan una salida ordenada, siempre y cuando se respeten los plazos establecidos en su reciente notificación. La expectativa de los propietarios es que el gobierno de la Ciudad de México agilice las gestiones necesarias para que el predio sea devuelto a sus legítimos dueños antes de que termine el mes.

Este caso subraya los retos que enfrentan las instituciones de vivienda al gestionar predios con ocupaciones prolongadas y procesos legales complejos. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una postura oficial sobre la nueva fecha límite impuesta por los particulares para la resolución del conflicto habitacional.

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