La SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género
El pleno de la Suprema Corte estableció que los casos de desaparición de mujeres defensoras deben juzgarse bajo un enfoque de género e interseccionalidad de forma obligatoria.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los procesos judiciales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser juzgados obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. La sentencia establece que esta aproximación no constituye una opción para los juzgadores, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño en casos donde confluyen vulnerabilidades específicas.
La decisión del máximo tribunal mexicano subraya que los operadores de justicia tienen el deber de analizar los contextos particulares que enfrentan las mujeres al realizar labores de defensa social. Esto implica reconocer que, en muchos casos, las agresiones están estrechamente vinculadas a su actividad política o comunitaria, lo que exige una metodología de investigación que considere las dinámicas de violencia estructural y discriminación sistémica que enfrentan en las distintas regiones del país.
La SCJN enfatizó que omitir este análisis en los tribunales puede derivar en la revictimización y en la impunidad de los perpetradores, perpetuando ciclos de violencia contra quienes defienden causas sociales. Con este criterio, se busca que las fiscalías y juzgados federales y locales ajusten sus protocolos de actuación, asegurando que las pruebas sean valoradas considerando las barreras de género que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Este fallo sienta un precedente para el Poder Judicial, pues obliga a que cada sentencia considere cómo la identidad de género, la pertenencia a un grupo social y la labor de activismo influyen en el riesgo que corren las víctimas. La resolución es vinculante para todos los tribunales del país, marcando un cambio significativo en la forma en que el Estado mexicano aborda los delitos de alto impacto contra quienes defienden los derechos humanos en el territorio nacional.
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