La Secretaría de Infraestructura descarta doble vía ferroviaria entre Teruel y Sagunto

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó este jueves el estudio informativo para el tramo ferroviario que conecta Teruel y Sagunto, confirmando que el diseño técnico no contempla la implementación de una doble vía. Esta decisión ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades del estado de Aragón, quienes han anunciado formalmente su intención de presentar alegaciones para modificar el proyecto actual.

El documento técnico, puesto a disposición del público para su revisión, detalla las especificaciones de infraestructura previstas para esta ruta logística. Según el estudio, el plan se centra en optimizar el trazado existente bajo una configuración de vía única, priorizando la eficiencia operativa sobre la expansión de capacidad que solicitaban diversos sectores productivos y sociales de la región.

Ante este escenario, el gobierno estatal ha manifestado su desacuerdo con la propuesta federal, argumentando que la falta de una doble vía limitará significativamente el crecimiento del transporte de mercancías. La administración local sostiene que el desarrollo económico de la zona requiere una infraestructura más robusta que permita un flujo ferroviario constante y bidireccional, evitando los cuellos de botella que actualmente afectan a los operadores logísticos.

Los representantes estatales han comenzado a preparar los argumentos técnicos y jurídicos necesarios para impugnar la decisión en el periodo de consulta pública. El objetivo principal de estas alegaciones es forzar una revisión del estudio que contemple la viabilidad de una segunda vía, bajo la premisa de que esta inversión es indispensable para la competitividad industrial y el desarrollo regional a largo plazo.

Finalmente, el proceso administrativo continuará su curso mientras se evalúan las observaciones recibidas por parte de los interesados. La SCT deberá analizar si los argumentos presentados por las autoridades estatales y otros actores sociales son suficientes para justificar una modificación en el proyecto ejecutivo original antes de proceder con las licitaciones de obra.