Maru Campos y Ariadna Montiel intercambian acusaciones por soberanía nacional

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, desató una intensa controversia política este sábado al acusar públicamente a su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de incurrir en una supuesta traición a la patria. El señalamiento de la mandataria chihuahuense se centra en el manejo de la política fronteriza y la presunta injerencia de agencias extranjeras en asuntos internos del estado vecino, argumentando una vulneración a la soberanía nacional.

La respuesta desde el Gobierno Federal no se hizo esperar. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, desestimó las declaraciones de Campos Galván calificándolas como posturas cínicas y carentes de fundamento. A través de sus canales de comunicación, el equipo de la secretaria señaló que la gobernadora de Chihuahua intenta desviar la atención de sus propios asuntos administrativos mediante críticas que consideran alejadas de la realidad institucional.

En su réplica, los representantes de la Secretaría de Bienestar cuestionaron la autoridad moral de la gobernadora para emitir juicios sobre soberanía. Argumentaron que los señalamientos de Campos Galván resultan contradictorios frente a las políticas públicas implementadas en su propia entidad, sugiriendo que el discurso de la mandataria estatal responde más a una estrategia de confrontación política que a una preocupación genuina por la seguridad nacional o la integridad territorial.

El intercambio de declaraciones ha generado reacciones diversas en el Congreso de la Unión, donde legisladores de distintos grupos parlamentarios han solicitado mesura ante la escalada de tensiones entre gobiernos estatales y federal. Mientras la administración de Chihuahua insiste en la necesidad de revisar los protocolos de colaboración con agencias de seguridad extranjeras, el Gobierno Federal sostiene que los tratados internacionales y la política exterior son facultades exclusivas del Ejecutivo bajo el mando de la Presidencia de la República.

Este conflicto subraya las fricciones políticas que persisten en la relación entre la Federación y las administraciones estatales de oposición. Especialistas en derecho constitucional señalan que, si bien el debate sobre la soberanía es legítimo, las acusaciones de traición a la patria requieren de procesos formales ante las autoridades judiciales para tener algún efecto legal, más allá de la confrontación mediática que define actualmente el panorama político nacional.