México reitera solicitud de salvoconducto para exfuncionaria peruana asilada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este jueves su postura diplomática respecto a la situación de la ex presidenta del consejo de ministros de Perú, quien se encuentra asilada en las instalaciones de la embajada mexicana en Lima. La mandataria señaló que su administración mantiene la solicitud formal ante las autoridades peruanas para que se facilite el salvoconducto necesario que permita el traslado seguro de la exfuncionaria hacia territorio mexicano.

El gobierno mexicano ha argumentado que esta petición se fundamenta en los tratados internacionales vigentes sobre el derecho de asilo, buscando una resolución que permita finalizar el proceso diplomático iniciado hace tiempo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido la instancia encargada de canalizar estas comunicaciones oficiales, manteniendo el diálogo abierto con la cancillería peruana para evitar que la situación se prolongue de manera indefinida.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la protección de los derechos humanos y el respeto a la soberanía son los ejes rectores de esta gestión diplomática. Asimismo, enfatizó que la posición de México es estrictamente institucional, buscando en todo momento el cumplimiento de los protocolos que rigen las relaciones entre ambas naciones latinoamericanas.

Por su parte, el equipo de la SRE informó que se encuentran a la espera de una respuesta formal por parte del gobierno peruano sobre la emisión del documento solicitado. Hasta el momento, las actividades diplomáticas en la sede mexicana en Lima continúan bajo los protocolos de seguridad habituales, mientras se busca destrabar el conflicto administrativo que impide el tránsito de la exfuncionaria hacia México.

Esta solicitud se enmarca en la política exterior que el gobierno mexicano ha defendido en años recientes, priorizando la figura del asilo político como una herramienta de protección para personas que enfrentan procesos legales en sus países de origen. La administración federal ha insistido en que no se trata de una injerencia en asuntos internos, sino del cumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito históricamente.