Mercado ilegal de tabaco resta 35 mil millones al erario mexicano

El mercado ilícito de tabaco en México representa una pérdida anual estimada en 35,000 millones de pesos para el erario público, cifra que persiste a pesar de los ajustes constantes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Investigadores del Colegio de México (Colmex) advierten que este fenómeno no es producto de una sola vía, sino de una estrategia mixta implementada por grupos delictivos que combina el contrabando internacional con la fabricación local de productos que carecen de controles sanitarios.

La complejidad del problema radica en la creación de una competencia asimétrica. Mientras las tabacaleras formales cumplen con estrictas regulaciones fiscales y normativas impuestas por la Secretaría de Salud, los productos ilegales se comercializan a precios significativamente menores, facilitando su acceso en mercados informales, tianguis y pequeños comercios de diversas entidades del país. Esta dinámica erosiona la base recaudatoria del SAT y dificulta las acciones de vigilancia sobre la calidad de los insumos.

Especialistas señalan que la estrategia del crimen organizado ha evolucionado para evadir los mecanismos de control aduanero y de seguridad. La fabricación clandestina utiliza instalaciones precarias en zonas urbanas y rurales, donde la supervisión de las autoridades es limitada. Esta situación obliga a las instituciones de seguridad y a la Secretaría de Hacienda a fortalecer la coordinación para rastrear las cadenas de suministro que alimentan este mercado paralelo.

El impacto económico se traduce no solo en una menor captación de impuestos, sino también en un riesgo sanitario creciente para los consumidores. Al no existir una trazabilidad sobre los componentes de los cigarros ilegales, la Secretaría de Salud ha emitido alertas sobre los niveles de sustancias tóxicas que superan los estándares permitidos. El reto para el Estado mexicano consiste en equilibrar la política fiscal de recaudación con una estrategia integral de seguridad que frene la expansión de estas redes delictivas en el territorio nacional.