Human Rights Watch señala retrocesos democráticos en el gobierno de México

La organización Human Rights Watch advirtió este sábado que México atraviesa un periodo de retrocesos democráticos significativos, subrayando una contradicción entre el discurso internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad interna que vive el país. El informe destaca que, aunque el gobierno federal sostiene una postura de apertura en foros globales, diversos indicadores internos sobre el respeto a las libertades fundamentales muestran una tendencia a la baja en los meses recientes.

El análisis de la organización señala que la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y las presiones sobre organismos autónomos, como el INE, representan puntos críticos para la salud democrática nacional. Según el reporte, estas acciones han generado una mayor concentración de poder y una reducción en los contrapesos necesarios para el equilibrio institucional que exige el Poder Judicial y otros entes reguladores.

En cuanto a la seguridad pública, la organización enfatiza que las estrategias implementadas por la SSPC no han logrado revertir los niveles de violencia que afectan a diversos estados. La falta de resultados tangibles en el fortalecimiento de las policías locales y la procuración de justicia en la Fiscalía General de la República son señaladas como factores que impiden una mejora real en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.

Por su parte, el equipo de comunicación de la presidencia ha señalado en diversas ocasiones que las políticas actuales buscan transformar la vida pública del país y garantizar el bienestar social a través de los programas federales. La administración sostiene que sus acciones se enmarcan en un proceso de cambio profundo, rechazando las críticas externas y argumentando que el fortalecimiento de la soberanía nacional es una prioridad innegociable frente a los organismos internacionales.

La controversia ocurre en un momento en que la relación entre el Poder Ejecutivo y la SCJN permanece bajo escrutinio, debido a las propuestas de reforma que podrían modificar la estructura del sistema de justicia. Mientras el gobierno federal defiende que estos cambios son necesarios para democratizar las instituciones, diversos sectores de la sociedad civil y observadores internacionales mantienen su preocupación sobre la autonomía de las instituciones mexicanas.